Queremos hablar de algo extremadamente actual: el proyecto de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en nuestro país.
Los autodenominados "pro vida", en su oposición al proyecto, además de esgrimir argumentos del orden de la ética o de base religiosa, no dejan de lado una supuesta traba económica: estos "nuevos" (que de nuevo no tendrían nada más que la condición de no punibles) abortos que se realizarían en hospitales públicos y estarían a la mano de cualquier mujer que por cualquier motivo decidiera no continuar con su embarazo, pasarían a constituirse en uno de los principales gastos de Salud. Creo que todos hemos oído a alguien cercano comentar algo del tipo "no hay gasas, no hay alcohol y quieren llenar los hospitales con mujeres que van a abortar", pintando un panorama apocalíptico, que lamentablemente tiene algo de cierto (volviendo a los mitos, entendemos que necesitan una pata de verdad que nadie se atrevería a cuestionar -en este caso, la falta de insumos). Pero así como es fácil para "Doña Rosa" esgrimir que ella "no tiene por qué pagarle el aborto a una chiruza que no supo cerrar las piernas", da un poquito más de trabajo ponerse a investigar si, efectivamente, aumentaría el gasto en salud. Y aun si fuera así, y aquí queremos poner el foco del análisis, pensar desde qué lógica se defiende este argumento.
De todos modos, investigamos y leímos algunas publicaciones sobre el asunto, y a pesar de existir diferentes opiniones, rescatamos esta nota que INFOBAE publicó sobre el impacto económico de la legalización del aborto el 8 de agosto de 2018, y que transcribimos en parte:
Desde Salud explican que el principal gasto vinculado a los abortos es el costo de las internaciones por complicación. Esos pesos casi que desaparecerían del sistema en el escenario de legalización, ya que en la cartera de Rubinstein proyectan que la totalidad de los abortos se harán usando el medicamento misoprostol, que actualmente no es legal para usos abortivos.
El precio de venta de misoprostol, hoy ilegal para fines abortivos, bajaría sustancialmente de entrar en efecto la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Pasaría de $3.343 a $114, según el ministro.
En la proyección de Rubinstein, la menor cantidad de internaciones por complicaciones es el rubro donde habría mayor ahorro: en promedio, sólo un 10% de los casos donde se administrará misoprostol tendrían reacciones negativas. Así, siguiendo los cálculos oficiales, el costo de cada aborto pasaría de $11.500 a $1.914.
Esto podríamos responder a los que refuerzan su rechazo a la ley con argumentos económicos, pero entonces... ¿Cómo estaríamos abordando la problemática en su conjunto? ¿Desde los números? Esto sería subirnos a su tren de la lógica de la eficiencia. Y soslayaríamos el universo de lo justo; en este tema de salud, nosotras creemos firmemente, la salud pública no debe esquivar el bulto.
En nuestra variopinta y cotidiana lucha por los derechos de género ( ya sea más o menos aguerrida, más explicita y desafiante o privada y "perfil bajo") las mujeres nacemos en evidentes condiciones de desventaja respecto a los hombres. No es nuestra intención elaborar aquí un manifiesto feminista, pero entendemos que esta cuestión de seguir negándonos el acceso universal a la legalidad y gratuidad de la interrupción voluntaria del embarazo significa la no aceptación de una autonomía femenina. Los abortos se seguirán realizando, pero por el momento, de manera ILEGAL y PAGA. Lo cual entraña dos grandes injusticias: en muchos casos el oprobio, en otros (y muchas veces ambos se suman) la imposibilidad de realizar el aborto en condiciones dignas de higiene, cuidado y contención. Quienes podamos pagar un aborto medianamente "cuidado", igualmente cargaremos con el peso de lo que "está mal", desde lo moral y desde lo legal, que tan entrañablemente unidos van de la mano. Y para aquellas mujeres que no pueden abortar sino en un antro mugriento... pues "que Dios las ayude". Infecciones, complicaciones, malos tratos in situ, malos tratos en el hospital al que acudan de urgencia, nadie les preguntará a qué sueños renunciaban si seguían adelante con el embarazo, nadie les preguntará qué número de hijo hubiera sido, nadie les preguntará si las relaciones con sus maridos son consentidas por ellas, o si los hijos que tiene cenan cada noche, o algo tan básico como si tuvieron acceso a métodos anticonceptivos o a información sobre cómo evitar un embarazo.
Si pensamos en la ley de IVE y nos paramos desde la lógica de la justicia, no hay instante posible en que dudemos de la necesidad de su implementación urgente. Aún más allá de las opiniones sobre su costo, que no son "sólo números", porque siempre estarán teñidas de ideología.
